Por Isaías Ramírez
La Procuraduría de los Derechos
Humanos (PDH) define a la diversidad sexual como “un término utilizado políticamente
para nombrar a las diferentes variantes de orientaciones sexuales, identidades
y expresiones de género”.
La PDH en su Informe
Circunstanciado del año 2020 señala que, aunque no exista en Guatemala una
legislación que criminalice de forma directa la diversidad sexual, existe una
violencia cultura que nace de la religión y las dinámicas sociales que generan
sentimientos de culpa y castigo hacia todo lo que no sea heteronormativo.
Además, que existe violencia
estructural y se evidencia en el alto índice de impunidad en la persecución de
delitos contra la población LGBTIQ. Según la recolección de datos de la
Procuraduría, recibieron 23 denuncias de esta población y el Ministerio Público
(MP) reportó 74 denuncias de enero a agosto del 2020, resalta a la vista el
dato que únicamente 20 casos del MP han logrado finalizar en sentencias
condenatorias o absolutorias entre los periodos del 2016, 2017 y 2018.
La violencia es algo que está
presente en Guatemala a diario y usualmente son Organizaciones No
Gubernamentales las que brindan apoyo a esta comunidad y quienes registran información
sobre la situación de la población LGBTIQ, dentro de ellas está LAMBDA y REDNAS
quienes por medio de una alianza crearon el Observatorio de Derechos Humanos y
Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género.
El Observatorio es una plataforma
que registra, documenta, analiza y tienen incidencia política sobre los
contextos que afectan a la población LGBTIQ en Guatemala. Según los datos
recolectados por esta entidad, han asistido a 162 personas de la comunidad por
violaciones de sus derechos, siendo el principal el respeto a su integridad física,
psíquica y moral.
La PDH ha expresado que “una de
las mayores violencias que viven las personas LGBTIQ es el hecho de invisibilizar
sus necesidades y problemáticas por las autoridades estatales, medios de
comunicación tradicionales y otros grupos de poder”.
Violencia en Centroamérica
La organización Latinoamericana
HIVOS y con apoyo de la Embajada de los Países Bajos realizaron un informe
sobre la visibilizarían de la violencia y discriminación de la población
LGBTIQ+ en Centroamérica, entre sus hallazgos es que las entidades gubernamentales
que recolectan datos lo realizan principalmente para análisis propios e
internos y que son enfocadas en datos sobre violencia física pero no es frecuente
la violencia psicológica, sexual y patrimonial.
A través de este informe
realizaron una serie de recomendaciones dentro de las cuales es que el Estado
avance en la implementación de leyes y protocolos que permitan garantizar los
derechos económicos, sociales, educativos, culturales y políticos, sin
limitarse a la prevención de la violencia física.
Recomendaron también la capacitación
de funcionarios públicos para erradicar prejuicios ya que son los encargados de
velar porque el Estado cumpla y garantice los derechos humanos de los ciudadanos.
Es importante resaltar que los crímenes
cometidos en contra de las personas LGBTIQ son catalogados como crímenes de
odio o por prejuicio. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha hecho
uso de estos términos para referirse a aquellas acciones que atentan contra la
comunidad de la diversidad sexual, en Latinoamérica han sido regulados en
varios países de forma distintas, en Nicaragua, Honduras y El Salvador han sido
incluidos como agravantes del asesinato. En Guatemala durante el 2017 surgió la
iniciativa 5278 denominada la Ley para Sancionar los Crímenes por Prejuicio,
pero esta fue rechazada por el Congreso de la República.
Según datos del Observatorio,
únicamente en marzo no fue reportado un asesinato violento por prejuicio en
contra de las personas LGBTIQ, mientras que en el resto de los meses fue
reportado al menos un crimen entre enero y septiembre del 2021, durante octubre
han reportado tres víctimas, pero aún no han confirmado los datos oficiales.
Derechos y legislación
En 2019 la PDH recomendó al Ministerio de Educación la elaboración de un plan con relación al acoso en contra de la población de la diversidad sexual con el objetivo de garantizar una educación sin discriminación y en igualdad de condiciones. No obstante, a la actualidad aún no se cuenta con ningún instrumento que proteja y garantice su derecho a la educación sin prejuicios.
En el mismo año también
realizaron una recomendación al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para
la creación de una sección que atienda y promueva la inclusión de la comunidad,
así como un mapeo para identificar las empresas que cuentan con políticas de
inclusión laboral.
En materia de justicia es relevante
conocer que el Departamento de Atención a la Víctima es la única institución
gubernamental que tiene datos estadísticos sobre la población LGBTIQ y que son accesibles
al público en general.
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