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| Para Plan Internacional las niñas son de lo sectores más vulnerables en Guatemala. (Foto: José Gaytán) |
Según el observatorio de Salud Sexual y Reproductiva -OSAR- de enero a septiembre de 2021, 70,821 adolescentes fueron embarazadas, además de enero a julio 3,203 menores de 14 años se encuentran en la misma condición, según expertos los embarazos en niñas y adolescentes son producto del abandono del Estado y tienen consecuencias físicas y psicológicas para las madres.
Para Joseline Velásquez, defensora por los derechos
de las niñas, adolescentes y mujeres, los embarazos en niñas y adolescentes ocurren
en todos los rincones de Guatemala y no son un hecho aislado, sino una
consecuencia de la desigualdad y violencia contra las mujeres.
“El embarazo en adolescentes no es algo que
pase por arte de magia, es un problema del sistema social, es un efecto de todas
la construcciones violentas y patriarcales, ocurre y ocurre más en niñas pobres,
de áreas remotas… en el imaginario social existe la idea que las adolescentes
se embarazan, como si sacaran un conejo como por arte de magia, es muy
diferente un embarazo deseado que uno por violencia sexual” afirma Velásquez
quien también hace énfasis que la sociedad cree que un embarazo adolescente se
da porque ella estaba dispuesta a esto, pero detrás hay una construcción
violenta de la sexualidad.
En el caso de niñas menores de 14 años, para la
activista estos embarazos ocurren tras un continuum de violencia en muchos
casos por papás, padrastros u otros familiares.
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Las cifras del problema
La Colonia la Brigada en el municipio de Mixco
ubicada al occidente de la Ciudad de Guatemala, fue el escenario donde en el
mes de septiembre fue rescatada una menor de 11 años y su hermana de 4, la mayor
de ellas con 4 meses de gestación, quien según el Ministerio Público habría
sido abusada por su padrastro por al menos 10 meses.
En ese sentido OSAR ha recopilado los datos
oficiales del Ministerio de Salud para establecer las cifras de las niñas y
adolescentes embarazadas en Guatemala, estas demuestran un alto número de casos
en los primeros seis meses del año en niñas menores de 14 años, en este sector
poblacional el promedio a julio era de 15 niñas embarazadas por día, superando
el promedio del año anterior en el mismo periodo de tiempo que se encontraba en
14; el departamento de Alta Verapaz es el que más casos presenta con 433 en 7
meses.
En el caso de adolescentes de 15 a 19 años el Observatorio
ha recopilado datos hasta el 31 de agosto, los mismos evidencian que en los
primeros 8 meses del año, 291 adolescentes en promedio por día han sido embarazadas
siendo nuevamente el departamento de Alta Verapaz el de la cifra más alta con 7,724
casos en total.
En cuanto a denuncias, el Ministerio Público
reporta 507 denuncias de casos de niñas menores de 14 años embarazada en el
periodo de enero a septiembre, además de habilitar la línea telefónica 2411-8686
para denunciar este tipo de casos.
El Ministerio Público implementó la línea telefónica Teléfono 2411-8686 para la atención del reporte de casos de embarazos en niñas y adolescentes menores de 14 años. pic.twitter.com/uvGXWFJuSM
— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 1, 2021
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"El embarazo infantil forzado tiene lugar cuando una niña (menor de 14 años) queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo". Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres CLADEM (Foto: José Gaytán). |
Impactos psicológicos: daños casi irreversibles
Gabriela Monroy, psicóloga especialista en
niñas, niños y adolescentes afirma que un embarazo en niñas y adolescentes
afecta el desarrollo neuronal de la víctima por lo que se vera afectada en la
gestión de impulsos y en el coeficiente intelectual durante toda su vida.
“Para poder volver a poner a las niñas y
adolescentes en una situación de igualdad y equidad con otra persona que se
desarrolló en otra situación se debe dar un acompañamiento adecuado y reducir
los niveles de estrés, cosa que es difícil cuando luego de un embarazo se
impone la maternidad” enfatizo Monroy.
La profesional afirma que el embarazo se asocia
con la maternidad pero que una niña o una adolescente embarazada no es por si
misma una adolescente madre, sino es la manera como se gestiona el embarazo lo
que va a imponer la maternidad, se coloca sobre ella un rol de cuidadora,
responsable o incluso debe decidir si quiere vincularse afectivamente con el
niño o niña, algo para lo que psicológicamente no se encuentra capacitada, por
lo que la decisión que tome va ser una consecuencia que va pesar sobre si misma
y va limitar como se desarrollan otras competencias socioemocionales.
“Cuando está presente el producto del embarazo
y la niña asume la responsabilidad de él, se altera el orden de la vida de la niña
o adolescente… si de por si en Guatemala las niñas no definen ellas su plan de
vida, la sociedad ya las ha condenado a que tarde o temprano tengan un embarazo
y eso más allá de impactar, impone la forma de desarrollo de la vida de las adolescentes”
afirma Monroy.
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"Cuando una niña y/o adolescente se convierte en madre, sus derechos sexuales y reproductivos, y sus derechos a la salud, educación, entre otros, se ven vulnerados a corto plazo. Con consecuencias que afectan su potencial de desarrollo a mediano y largo plazo quedando atrapadas en la pobreza y exclusión". |
| Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres CLADEM (Foto: José Gaytán). |
La vida en riesgo para el feto y para la madre
En el año 2017 los entonces legisladores Enrique Álvarez y Sandra Morán presentaron la iniciativa de ley 5376 "Ley para la protección integral, acceso a la justicia, y reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas” en la exposición de motivos, los diputados exponían entre otras cosas que “…la violencia sexual tiene consecuencias sumamente graves sobre las niñas y adolescentes y sobre la sociedad, además de que afecta su salud física y reproductiva, incrementa el riesgo de mortalidad materna e infantil, genera embarazos de alto riesgo y otros problemas asociados al embarazo como abortos inseguros, partos prematuros, sufrimiento fetal, entre otros”.
Según Daniel Muñoz, médico del Hospital General
San Juan de Dios, el cuerpo de una niña no esta preparado para dar a luz, a pesar
de que sus órganos reproductivos ya se encuentran formados completamente estos
no están desarrollados idealmente para tener un bebé.
La estrechez pélvica de la niña amerita que el
parto se realice por medio de una cesárea por los riesgos que esto conlleva expresa
el médico, quien afirma que la edad adecuada para un embarazo es de 18 a 35
años, edad en la que la mayoría de mujeres ya tienen una madurez física para dar
a luz.
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"Obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos, en los términos de la Convención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos"Niñas Madres. Embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe, CLADEM 2016 (Foto: José Gaytán) |
Justicia, protección y restitución de derechos ¿Cuál es el papel del Estado?
El Estado Guatemala para prevenir el embarazo
en niñas y adolescente ha creado el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en
Adolescentes en Guatemala conocido también como PLANEA. EL Planea tiene como objetivo,
contribuir al desarrollo integral de niñas y adolescentes de Guatemala,
mediante la reducción de embarazos en estas etapas de la vida, bajo un marco de
cumplimiento de los derechos humanos. El plan se inicio a implementar en el año
2013 y fue actualizado en el 2017, sin embargo, las cifras de niñas y adolescentes
continúa siendo alta.
En cuanto a estos casos, Octavio Enríquez,
consultor jurídico en temas de niñez, afirma que cuando una niña o adolescente
es embarazada y este hecho ingresa en el sistema jurídico nacional, existen dos
vías de acción del Estado, la ruta penal y la ruta de protección.
En cuanto a la ruta penal, la niña o
adolescente ingresa en un sistema en el que se busca establecer las causas del
embarazo, con excepción de las niñas menores de 14 años quienes este hecho automáticamente
las convierte en víctimas de un delito. La Ley de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia, conocida como ley PINA establece en el artículo 100 que,
para ser juez, magistrado o magistrada de la niñez y la adolescencia, se deberá
reunir los requisitos exigidos por la Constitución Política de la República.
Además, tener amplios conocimientos y experiencia en derechos humanos de la
niñez y la adolescencia; para Enríquez esto no siempre sucede así y más aún en cuanto
a los magistrados de sala de apelaciones los que son elegidos conforme a un
listado por las comisiones de postulación y no con base a su carrera judicial.
La Procuraduría General de la Nación es la
institución que encabeza el ala de protección institucional, es la encargada de
dar resguardo y protección a las niñas y adolescentes víctimas de abuso, de ser
necesario estas son trasladas de su vivienda a una casa de abrigo y resguardo.
En el caso de la restitución de derechos de la
niña o adolescente, Octavio que ha sido consultor para varias instituciones internacionales
de protección de niñez en Guatemala, afirma que es el juez el encargado de
establecer las medidas adecuadas para esta restitución de derechos, en el caso
del sistema educativo el Ministerio de Educación cuenta con un protocolo establecido
para que la niña o adolescente embarazada pueda continuar sus estudios.
El Ministerio de Desarrollo, cuenta con el programa
Vida, cuyo objetivo es contribuir a través de la entrega de una transferencia monetaria
condicionada de forma periódica a promover el acceso a los servicios de salud
de las niñas y adolescentes embarazadas o madres, menores de 14 años, víctimas
de violencia sexual; cuyos casos hayan sido judicializados. Sin embargo, según
Joseline Velásquez en el año 2020 fueron atendidas únicamente 164 y aunque el
programa establece que las transferencias son por un monto de Q1500.00 algunas
de las adolescentes afirmaron que solo les fueron entregados Q700.00 al año.
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La iniciativa de ley 5393 presentada por Sandra Morán y Enrique Álvarez plantea en su artículo 1 la restitución de derechos de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas que en consecuencia de estos actos deban enfrentar un embarazo y un matrimonio forzado (Foto: José Gaytán).El MAINA, el sistema que busca la efectividad
para la atención de casos. El 20 de junio del 2019 se presento el Modelo de Atención Integral de Niñez y adolescencia, dicho sistema fue creado por le Ministerio Público y está integrado además por: el Organismo Judicial, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo, Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Bienestar Social, Municipalidad de Guatemala, Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El MAINA fue creado con el fin de optimizar los servicios estatales en los casos de violencias contra niños, niñas y adolescentes, incluyendo los casos de violencia sexual. La sede del modelo, ubicada en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, cuenta con salas especializadas de atención a las víctimas denominadas salas lúdicas, con un circuito cerrado de cámaras que captan audio y video y sirve para entrevistar a los y las afectadas. En el 2020 la Procuraduría de Derechos Humanos realizó una supervisión del MAINA haciendo constar que de las 11 instituciones que conforman el modelo, únicamente 6 tienen presencia física en la sede. |
Prevención la mejor medida.
Para Gabriela Monroy, antes de pensar en
medidas que eviten los impactos o secuelas, lo mejor que puede hacer el Estado
es prevenir los embarazos en niñas y adolescentes, la familia, la escuela, la
iglesia y comunidad necesitan hacer un trabajo conjunto de prevención, en ese sentido
para prevenir los embarazos se debe trabajar no solo con las niñas y
adolescentes, si no entender que muchos de estos actos son por violencia sexual
y están asociados a la falta de educación integral en los niños, niñas y
adolescentes.
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